* Maestros indígenas entregan las instalaciones
* Denuncian por intimidación a la empleada de Política Regional Ignacia Vicente Santes
Por María Elena Ferral
Espinal, Ver., 19 de Agosto.-La toma de las oficinas de la Supervisión Escolar de la Zona 722 de Educación Indígena, desencadenó en la "renuncia", de la supervisora, María Cristina Sosa Sánchez, de quién estaban exigiendo su destitución, al ser señalada de un presunto abuso de autoridad, lo que desencadenó en inconformidades en ese sector magisterial.
Como se recordará, el pasado lunes 13 de agosto, maestros de educación indígena tomaron las instalaciones de la Supervisión Escolar con sede en este municipio, para demandar la destitución de la supervisora María Cristina Sánchez Sosa, a la cual denunciaron de incurrir en diversas irregularidades en agravio de los mentores, los cuales aseguraban ser objeto de malos tratos, de abusos y excesos por parte de la supervisora escolar, quien fue señalada de excederse en sus funciones.
Tuvo que transcurrir una semana pues ante la negativa del director estatal de Educación Indigena, Salomón García Malpica, de atender a los maestros inconformes y solucionar la problemática, se cerró al diálogo y los maestros inconformes se mantuvieron firmes en su postura y no entregaron la Supervisión Escolar pues la postura de los inconformes era firme al exigir la destitución de la profesora Sánchez Sosa, quién finalmente se vio obligada a renunciar al cargo, pues los maestros no estaban dispuestos a ceder.
Cabe señalar que los maestros inconformes denunciaron por escrito a la delegada de Politica Regional, Ignacia Vicente Santes, quen llegó hasta este lugar en un plan intimidatorio y amenazante, al dirigirse a ellos en forma prepotente, como es su estilo, argumentandoles que no se tenía conocimiento sobre el caso, a pesar de ello, el conflicto se solucionó, por lo que se espera que este lunes arribe la persona que quedará al frente de la Supervisión Escolar de la Zona 722, pues es el inicio de clases del nuevo ciclo escolar, se espera que la situación laboral para las partes en conflicto se normalice.
